Empleados se mantienen interiormente del establecimiento de Nogales para impedir el retiro de equipos mientras exigen el plazo de salarios y derechos laborales. El casino forma parte del conjunto de 13 establecimientos bloqueados por el Gobierno mexicano por su presunta vinculación con redes financieras ilícitas.
México.- El falleba del Casino Palermo en Nogales, Sonora, derivó en una protesta inédita: más de treinta empleados permanecen día y confusión interiormente de las instalaciones para evitar que la empresa retire ajuar y activos ayer de cubrir sueldos, prestaciones y liquidaciones. El establecimiento fue clausurado por la Secretaría de Gobierno (Segob) bajo sospechas de lavado de monises, pocas horas luego de que el Área del Caudal de Estados Unidos anunciara sanciones contra una red presuntamente dirigida por la clan Hysa, de origen albanés.
Los trabajadores denuncian que la orden de falleba fue “sorpresiva” y que fueron desalojados sin previo aviso ni información sobre su situación gremial. “El falleba fue imprevisto y sacaron a todos los trabajadores sin ninguna información. Ninguna autoridad, ni mucho menos personal del casino, se ha acercado con nosotros”, cuestionó la empleada Laura López Vieyra en declaraciones al medio nave Debate.
El caso se enmarca en una operación más amplia. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Conocido informó el separación de 13 casinos en diversos estados del país, tras identificar operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Según la Pelotón de Inteligencia Financiera, algunos de estos establecimientos realizaban movimientos millonarios cerca de países como Estados Unidos, Albania, Malta o Panamá, adicionalmente de utilizar a personas sin perfil financiero compatible para dispersar fondos ilícitos.
En Sonora, adicionalmente del Palermo, fueron clausurados Emine Casino en San Luis Río Colorado y Midas Casino en Agua Prieta. Estos espacios figuran en la relación de establecimientos que, de acuerdo con Hacienda, presentan patrones compatibles con tipologías internacionales de lavado de monises y riesgos asociados al crimen organizado.
Para los empleados, la errata de comunicación agrava la incertidumbre. “No sólo están afectando la bienes general, sino que igualmente están violando nuestros derechos”, denunció Octavio Berrelleza, quien aseguró que la gobierno había prometido liquidaciones el día 15, pero no ha habido ningún acercamiento.
La preocupación central es impedir que los dueños retiren activos que podrían servir como señal de plazo. Sin comunicación oficial sobre su futuro, los trabajadores aseguran que permanecerán interiormente del casino hasta obtener una respuesta de la empresa o de las autoridades laborales, mientras continúa la coordinación entre Segob, Hacienda, FinCEN y OFAC en el proceso de investigación financiera.
