La iniciativa propone cambios en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y contempla penas de hasta 10 abriles de prisión por manipulación de partidos, adicionalmente de nuevas exigencias de integridad para ligas y operadores.
México.- Un paquete integral de reformas legislativas presentado por el diputado federal Marcelo Torres Cofiño averiguación engrosar los controles sobre la relación entre la industria de las apuestas y el deporte profesional en México, mediante modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley Universal de Civilización Física y Deporte y el Código Penal Federal. El eje del esquema es precaver conflictos de interés, combatir el lavado de patrimonio vinculado a apuestas y tipificar el engaño de partidos como delito federal.
Desde la perspectiva regulatoria del sector del entretenimiento, la iniciativa introduce una prohibición explícita de intereses cruzados entre operadores de apuestas y clubes deportivos profesionales. De aprobarse, permisionarios, socios, operadores o beneficiarios de casas de apuestas no podrán ser propietarios, inversionistas ni administradores de equipos, y al contrario. El incumplimiento implicaría la abrogación de permisos, multas económicas, inhabilitaciones y la notificación obligatoria a las autoridades financieras, lo que supone un endurecimiento del ámbito de compliance para los licenciatarios.
El esquema además establece la responsabilidad de un Código de Integridad Deportiva para ligas, asociaciones y clubes, que incluiría la prohibición de apuestas internas, la proclamación pública de intereses financieros de directivos, cláusulas de integridad en los contratos y mecanismos de denuncia anónima. Esta medida apunta a alinear a los distintos actores del ecosistema deportivo con estándares de integridad que impactan directamente en la credibilidad de las competiciones y, por extensión, en la sostenibilidad del mercado de apuestas deportivas reguladas.
En materia penal, la propuesta contempla la creación del capítulo “Delitos contra la integridad del deporte profesional” en el interior del Código Penal Federal, con penas de hasta 10 abriles de prisión para quienes manipulen resultados con fines de envite, utilicen información privilegiada o faciliten operaciones para encubrir posibles provenientes de apuestas ilegales. Las sanciones se agravarían cuando las conductas involucren a directivos, propietarios de clubes o torneos nacionales e internacionales, elevando el aventura admitido para actores vinculados al fraude deportivo.
Al fundamentar la iniciativa, el senador advirtió sobre la creciente influencia de intereses financieros en el deporte a través de las apuestas, señalando que “el fútbol no puede convertirse en un utensilio financiero sin reglas claras. Cuando quien administra un club además tiene intereses en apuestas, se vulnera la confianza del admirador y el valía ético del deporte. México debe desempeñarse antiguamente de que los escándalos se multipliquen”.
El paquete parlamentario incluye adicionalmente la creación de un Sistema Franquista de Monitoreo de Integridad Deportiva, coordinado por la Comisión Franquista de Civilización Física y Deporte, adjunto con la Comisión Franquista Bancaria y de Títulos y la Mecanismo de Inteligencia Financiera, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y vigorizar la supervisión del flujo de patrimonio asociado a las apuestas. En raya con advertencias de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la iniciativa subraya que la manipulación de competiciones y el lavado de patrimonio vinculados al entretenimiento constituyen amenazas crecientes para la integridad del deporte y el correcto funcionamiento de los mercados regulados.
