La UIF confirmó irregularidades financieras en los establecimientos señalados por el Fortuna estadounidense y dio aviso para cesar operaciones.
México.- Las recientes sanciones del Unidad del Fortuna de Estados Unidos contra dos casinos en Tamaulipas abrieron un frente regulatorio que ya tiene derivaciones concretas en México, con denuncias penales, posibles cierres de operaciones y un renovado foco sobre los controles en la industria del solaz.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzó a los establecimientos Casino Centenario (Nuevo Laredo) y Diamante Casino (Tampico), encima de la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Las autoridades estadounidenses los señalaron por supuesto apoyo financiero y eficaz a actividades ilícitas, lo que derivó en el asedio de capital y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
A partir de estas designaciones, la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que detectó múltiples irregularidades en los casinos investigados, lo que aceleró las acciones a nivel almacén. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Transferencias internacionales en dirección a jurisdicciones consideradas de peligro.
- Inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos verdaderamente operados.
- Uso intensivo de efectivo sin descargo económica.
- Posibles esquemas de diversión fiscal.
Suspensiones en marcha y frente penal despejado
En respuesta a estas anomalías, la UIF presentó denuncias frente a la Fiscalía Universal de la República por presuntos delitos de operaciones con medios de procedencia ilícita y diversión fiscal. En paralelo, notificó a la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección Universal de Juegos y Sorteos, para avanzar con la suspensión de actividades de los casinos involucrados.
Este doble frente penal y oficinista marca un endurecimiento en la respuesta de las autoridades mexicanas frente a posibles desvíos internamente de la industria, simpatizante con las sanciones internacionales.
El caso todavía expone cómo las investigaciones financieras y regulatorias pueden esquilar rápidamente a partir de decisiones extraterritoriales, afectando la continuidad operativa de los operadores y su paso al sistema financiero.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al sector
Más allá del trasfondo criminal, el episodio refuerza la atención sobre los mecanismos de cumplimiento en la industria del solaz, especialmente en lo que respecta a la prevención de lavado de monises (AML), monitoreo de transacciones y transparencia fiscal.
La UIF remarcó que los establecimientos presentaban movimientos de efectivo “no proporcionales” a la actividad declarada, un indicador secreto internamente de los sistemas de alerta temprana. Por otra parte, la existencia de estructuras corporativas compartidas y flujos financieros atípicos sugiere posibles fallas en los controles internos y en la supervisión.
Si aceptablemente las investigaciones todavía alcanzan a personas físicas presuntamente vinculadas a las operaciones, el foco regulatorio se concentra en los operadores y su rol internamente del sistema financiero formal.
