La suministro de Claudia Sheinbaum insiste en amparar clausuradas las salas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, pese a una orden legal que permitió su reactivación.
México.- El conflicto entre el Gobierno de México y los casinos vinculados al patrón Ricardo Salinas Pliego sumó un nuevo episodio, luego de que la Secretaría de Gobierno (Segob) impugnara la resolución de un mediador federal que ordenaba erguir el asedio impuesto sobre estos establecimientos. Las salas, administradas por empresas del Especie Salinas como Vencedor Mexica, operadora de marcas como Bet365 y Betano en el país, habían sido clausuradas en noviembre tras una investigación de la Mecanismo de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesto lavado de caudal.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la atrevimiento de Segob al considerar que “no había ninguna razón” para permitir la reapertura. En su conferencia matutina, enfatizó que el caso es estrictamente procesal y no político, en el contexto de una disputa más extensa por obligaciones fiscales del reunión empresarial. “Siempre que hay presunción de lavado de caudal, se presenta denuncia penal. Es obligatorio”, subrayó.
“Impugnaron esa resolución por parte de Gobierno y ya lo puede explicar la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) o lo podemos traer aquí un día el tema […] Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de la Secretaría de Gobierno a la subsiguiente instancia”, señaló Sheinbaum.
El origen del conflicto se remonta al amparo concedido por el mediador Francisco Javier Rebolledo Peña, quien ordenó suspender el asedio de cuentas, dominios y operaciones organizado por la UIF. La medida habilitaba a los casinos a reabrir temporalmente, pero la rápida impugnación del Ejecutante frenó ese atmósfera. La revisión del caso continuará en una nueva audiencia prevista para el 8 de diciembre, mientras que la sentencia definitiva llegaría recién en enero de 2026.
En paralelo, Sheinbaum destacó el rol del Tribunal de Disciplina Legal, encargado de sancionar a jueces en casos donde existan sospechas de corrupción o tráfico de influencias. “Ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, señaló, aunque aclaró que no se tráfico de perseguir a todos los jueces, sino de transparentar procesos.
La investigación original de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares en 13 casinos distribuidos en Jalisco, Nuevo Audaz, Sinaloa, Sonora, Mengua California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Según la UIF, estos establecimientos registraban altos volúmenes de operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
