Las autoridades estatales intensificaron operativos coordinados con la Agrupación y los municipios para frenar la proliferación de máquinas clandestinas, especialmente en tiendas de abarrotes, y remarcaron que operan al ganancia de la Ley de Juegos y Sorteos.
México.- En el entorno del esquema Plancha Aguascalientes y de la Táctica Doméstico de Seguridad, el gobierno del estado mexicano intensificó los operativos contra la instalación y operación de máquinas tragamonedas ilegales en colonias y zonas periféricas, una problemática que, según las autoridades, se ha expandido de guisa sostenida en los últimos meses.
El fiscal genérico del Estado, Manuel Alonso García, explicó que si aceptablemente la persecución penal de este tipo de actividades corresponde de guisa directa a la Fiscalía Militar de la República (FGR), el combate se realiza de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno, con un válido componente preventivo y funcionario en el ámbito locorregional.
“Es una de las estrategias que el propio gobierno federal ha impulsado para erradicar este engendro en el ámbito locorregional, desde dos vertientes: la administrativa, relacionada con los establecimientos donde está prohibido este desvío comercial, y la penal, cuya investigación y correctivo corresponden directamente a la Fiscalía Militar de la República”, sostuvo el funcionario.
De acuerdo con Alonso García, la proliferación de estas máquinas se da principalmente en tiendas de abarrotes, donde operan de guisa clandestina y sin ningún tipo de autorización federal, lo que las coloca fuera del entorno de la Ley de Juegos y Sorteos. En este sentido, remarcó que la gobernadora del estado, María Teresa Jiménez Esquivel, ha exhortado a todas las instancias a participar activamente para atender un engendro que genera impactos sociales y de seguridad.
En una primera instancia, detalló el fiscal, la intervención recae en los municipios, al tratarse de una competencia administrativa vinculada a la demostración de permisos de funcionamiento. “El tema lo conocen aceptablemente los alcaldes. Existe un protocolo, por así decirlo, donde el primer paso es la correctivo administrativa y el segundo son los oficios o advertencias a los propietarios de los establecimientos, señalándoles que están fuera de la legitimidad”, explicó. Según indicó, este enfoque preventivo otorga un plazo arreglado para retirar los aparatos antiguamente de avanzar cerca de sanciones mayores.
No obstante, las autoridades advirtieron que el problema excede lo meramente funcionario. Alonso García alertó que estas tragamonedas suelen estar vinculadas a contextos delictivos, como la cesión de narcóticos o prácticas de apuestas entre jóvenes, lo que puede derivar en un aumento de robos, conflictos familiares y conductas asociadas al ocio problemático. “Al formar parte de un esquema ilegal, la posesión de estas máquinas constituye un delito, a excepción de en los casos en que se cuente con un permiso federal actual”, subrayó.
En paralelo, la Agencia de Investigación Criminal participa de guisa activa en inspecciones semanales para detectar posibles delitos en flagrancia, mientras que los municipios continúan aplicando sanciones a los comercios que, pese a suceder sido notificados, mantienen estos dispositivos en funcionamiento.
Si aceptablemente el fiscal reiteró que se manejo de un tema de competencia federal, destacó que el estado mantiene su respaldo eficaz y preventivo con el objetivo de acortar los riesgos sociales y delictivos asociados al ocio ilegal, un punto que incluso pone en contraste la penuria de proteger los marcos regulatorios y los controles sobre la actividad de ocio autorizada frente a la expansión de ofertas clandestinas.
