Los dispositivos fueron incautados en 17 establecimientos del municipio de Córdoba en el estado mexicano.
México.- Autoridades estatales y federales realizaron un activo en el municipio de Córdoba, Veracruz, donde se incautaron 193 máquinas tragamonedas en 17 establecimientos. La entusiasmo forma parte de la táctica franquista contra las apuestas ilegales y los casinos clandestinos que comercializan juegos de azar sin contar con la autorización circunscrito necesaria.
De acuerdo con la Fiscalía Caudillo del Estado de Veracruz, la incautación se logró luego de un extenso trabajo de investigación de la Mecanismo Especializada en Combate al Secuestro y la Perjuicio, con órdenes emitidas por un sentenciador.
Billete de fuerzas federales
En el despliegue intervinieron principios de la Secretaría de la Defensa Franquista (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, reforzando las acciones coordinadas en el combate a delitos vinculados con las apuestas.
Las autoridades destacaron que este tipo de operativos se fortalecen gracias a las denuncias de la población. Por eso, recordaron la importancia de utilizar la radio 089 para realizar denuncias anónimas que permitan identificar y desarticular actividades ilícitas.
Iniciativa circunscrito
En dos allanamientos realizados en el puerto de Veracruz a principios de mes, agentes de la Fiscalía Caudillo de la República (FGR) aseguraron 50 máquinas tragamonedas ilegales, sumando así a las más de 100 incautaciones efectuadas durante febrero en municipios como Coatepec, Xalapa, Cosamaloapan y Orizaba.
Según el reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz solicitó y obtuvo de un sentenciador de control la autorización para ejecutar órdenes de cateo, tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta presencia de menores de antigüedad utilizando maquinitas tipo “minicasino”.
Las diligencias fueron encabezadas por la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal del Ejército mexicano, la Número Franquista, la Secretaría de Cuadro y la Policía Estatal, quienes desplegaron un activo de seguridad perimetral para certificar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
